La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha hecho un llamamiento al Ejecutivo para realizar una modificación legislativa que permita eximir el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios cuyas propiedades hayan sido ocupadas ilegalmente.
Durante el cierre de su asamblea general, el líder de esta organización, Pedro Fernández Alén, expresó esta solicitud frente a Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, enfatizando la importancia de abordar con mayor determinación el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas.
En línea con esta problemática, Fernández Alén sugirió una revisión de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el fin de evitar que las personas que ocupan viviendas sin autorización puedan registrarse en el padrón municipal en dichos inmuebles.
Para mitigar las dificultades que enfrenta el sector inmobiliario actualmente, desde la CNC se ha puesto sobre la mesa la idea de incrementar la construcción de viviendas en el país, planteando un objetivo de 150.000 nuevas unidades habitacionales al año. Este esfuerzo estaría dirigido tanto a la venta y alquiler en el mercado libre como a sectores de vivienda protegida o con alquileres controlados.
El presidente de la patronal también ha hecho críticas a las medidas que, a su juicio, son excesivamente reguladoras por parte del Gobierno, especialmente en lo que se refiere al control de precios del alquiler, argumentando que estas no solo no resuelven los problemas de fondo, sino que podrían agravarlos.
Fernández Alén ha defendido que la clave para solventar esta situación se encuentra en aumentar la oferta de viviendas, argumentando que se debe superar el temor a repetir los excesos que llevaron a la crisis financiera del 2008. Recordó que en aquellos tiempos se autorizaban hasta 900.000 permisos de construcción anuales, en contraste con los 132.000 del último año.
Como solución, ha propuesto establecer un Pacto de Estado por la Vivienda que incluya la colaboración de las administraciones autonómicas y locales, promoviendo además una mayor cooperación entre el sector público y el privado, y solicitando una mayor fluidez en la concesión de préstamos ICO en diferentes regiones.
Medidas para estimular la inversión: Avales y Bonificaciones Fiscales
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha propuesto un conjunto de medidas complementarias enfocadas en mejorar el acceso a la vivienda y estimular la inversión en el sector inmobiliario, especialmente dirigidas a los más jóvenes y a revitalizar áreas rurales.
Entre las iniciativas sugeridas se encuentra la implementación de un esquema de garantías para facilitar a los jóvenes la obtención de financiación hipotecaria. Esto estaría acompañado de una revisión y actualización de los módulos que determinan las condiciones de los planes de vivienda, con el objetivo de hacerlos más accesibles y acordes a la realidad del mercado actual.
Desde la perspectiva fiscal, la CNC aboga por introducir incentivos, como bonificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para quienes adquieran propiedades en zonas rurales.
Esta medida busca promover el desarrollo y repoblación de estas áreas, al tiempo que facilita el acceso a la vivienda.
En el terreno legal, la organización subraya la importancia de avanzar hacia una ley que refuerce la seguridad jurídica en el urbanismo, asegurando que los planes urbanísticos tengan una mayor estabilidad y predictibilidad.
Además, resalta la necesidad de fomentar soluciones residenciales adaptadas a las personas mayores, como viviendas compartidas o con servicios comunes, que integren apoyos y cuidados necesarios para este colectivo.
Finalmente, la CNC insta a evitar el abuso en el uso de recursos propios por entidades como el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y a reinstaurar mecanismos de revisión de precios en las contrataciones de obra pública, con el fin de garantizar una mayor equidad y ajuste a la realidad del mercado.
Estas acciones se enmarcan dentro de un esfuerzo más amplio por asegurar un entorno más favorable para el desarrollo del sector de la construcción y el inmobiliario en España.
